Las personas privadas de libertad ya no podrán tener acceso a teléfonos móviles ni internet, gracias a la Ley de Regulación de tal uso en el interior de los centros penitenciarios del país, según lo publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.240 de fecha 18 julio de 2016.
El objetivo de esta Ley aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada por el Primer Mandatario Nacional, Nicolás Maduro, busca evitar que se sigan cometiendo delitos organizados desde el interior de las cárceles.
Sin embargo, se instalarán teléfonos públicos fijos en todos los centros de reclusión venezolanos, a fin de garantizar el derecho a la comunicación con el exterior de los privados de libertad.
Adicionalmente, el instrumento legal contempla pena de 3 a 5 años de prisión para quienes introduzcan o faciliten la entrada de teléfonos celulares en las cárceles destinados a los reclusos.
Mientras que la sanción será de 4 a 6 años cuando el autor del delito sea un funcionario público, destaca la Ley. Y para quien intencionalmente dañe o apague los inhibidores de señal telefónica colocados dentro de las cárceles, será sancionado de 4 a 6 años de prisión; y de 6 a 8 si es funcionario público.
DesdeLaPlaza.com/ ÚN/YV