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EEUU busca fórmulas para continuar su espionaje electrónico

Por primera vez desde finales de octubre de 2001, los estadounidenses están legalmente capacitados para llamar por teléfono a quien quieran sin que los números desde los que marcan, los números a los que llaman, y la duración de las llamadas sean almacenados por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés). Eso es lo que se llama metadatos, y es, más o menos, el equivalente de que el Gobierno de ese país mirara todos los sobres puestos en el correo para ver el remitente y el destinatario, la fecha en la que la carta fue matasellada y el peso del documento, pero sin entrar a leer su contenido.

Es el mayor cambio en la política de recolección de datos que Washington lanzó tras los atentados del 11-S. Se trata de una política que fue expuesta hace dos años por el ex espía Edward Snowden.

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Claro que esas revelaciones de Snowden ya habían sido anticipadas en diciembre de 2005 por ‘The New York Times’, en un artículo titulado ‘Bush permite a los espías de EEUU espiar sin autorización judicial a las personas que hacen llamadas‘. Los autores del artículo, Eric Lichtblau y James Risen, ganaron el Premio Pulitzer en 2006.

 

El cambio no se debe a ninguna modificación de la política antiterrorista, sino todo lo contrario: es una medida de carácter electoral forzada el senador republicano Rand Paul para tratar de revitalizar su hasta ahora decepcionante campaña para la Casa Blanca en 2016.

Paul es un ultraliberal que defiende que el Estado no se inmiscuya en la vida privada de los ciudadanos, y ha empleado las potestades que su cargo le da, y las alambicadas normas del Senado de EEUU, para dejar que expire sin ser reemplazada la Cláusula 215 de la Patriot Act (Ley Patriota) de 2001, en la que se permite la recolección de metadatos.

Al menos hasta pasado mañana el Gobierno de Barack Obama no tendrá a su disposición las herramientas que ha empleado para espiar a sus ciudadanos. Eso ha provocado «un peligroso lapso» en la seguridad de la primera potencia mundial, según la fiscal general del Estado -cargo equivalente al de secretario de Justicia- Loretta Lynch.

DesdeLaPlaza.com/El Mundo.es/AMH

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