Castilletes es el asiento de parte de la comunidad wayúu y representa una zona de paso para el pueblo indígena entre la Alta Guajira venezolana y la Alta Guajira Colombiana.
Postular a Castilletes como Área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), es la propuesta consensuada entre la comunidad indígena Wayúu, habitante de la zona, y los representantes del gobierno nacional que visitaron el sector.
El planteamiento fue aprobado en asamblea de ciudadanos con miras a proteger los ecosistemas naturales que confluyen en este territorio, ubicado en el límite más septentrional del estado Zulia y asegurar salvaguardar el acervo cultural de sus pobladores. Dicha propuesta se deriva de los estudios realizados por investigadores de la sede de Zulia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en el marco de convenios binacionales con Cuba y Bielorrusia.
La reunión fue organizada por personal científico del IVIC y contó con la presencia del alcalde del municipio de la Guajira, Hébert Chacón y de los diputados de la Asamblea Nacional, Manuel Briceño, presidente de la Comisión de Ambiente; Sergio Fuenmayor, por la región Guajira; y Gustavo Lara, por el estado Zulia.
Según la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, las Abrae son definidas como aquellas porciones de tierra o aguas nacionales cuyas actividades y usos permitidos están sometidos a limitaciones o restricciones por disposición de las leyes del país, a fin de garantizar la conservación, defensa, mejoramiento del ambiente y ordenación de su territorio. Este instrumento legal contempla 20 figuras para la clasificación de los espacios sujetos a protección que deben ser adoptadas por Decreto del Ejecutivo en Consejo de Ministros.
“La Asamblea Nacional presentará su informe correspondiente con una visión integral de la problemática compleja que se vive en Castilletes, con la intención de contribuir al diseño de una agenda y un programa que permita dar respuesta a la situación”, destacó el diputado Manuel Briceño.
Durante la visita interinstitucional a Castilletes, los representantes de los entes gubernamentales tuvieron la oportunidad de observar y evaluar la magnitud de los daños ecológicos evidenciados por los estudios desarrollados por el IVIC desde hace siete años.
Desde La Plaza / CO / JT