(Capítulo 1: Una TV que dominó –a los políticos- más por la ignorancia, que por la fuerza)
Al cumplirse una década de la primera revisión que hiciera el Estado venezolano de las concesiones de la TV (Jaime Lusinchi, decreto 1577), dedicaremos ésta, y las próximas 8, a analizar cómo la República llegó a la decisión soberana, como administradora del espectro radioeléctrico, de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV). Al final de estos trabajos, conocerás que esta decisión no obedeció a ninguna ‘retaliación política’, sino a la conclusión de una investigación contra un grupo de empresarios que pretendían controlar a un país a través de un recurso que debe ser manejado con responsabilidad: La Televisión
El 9 de noviembre de 2007 murió Luis Herrera Campins, periodista y político venezolano, quien fue electo presidente de Venezuela en 1978, y gobernó entre 1979 y 1984. Como suele ocurrir en estos casos, todos los canales, y periódicos, sin distingo político o ideológico, informaron del fallecimiento de este expresidente venezolano.
Solo un canal omitió este acontecimiento: Radio Caracas Televisión (RCTV), cuya concesión para operar en señal abierta terminó en mayo de 2007, pero que continuó transmitiendo por cable, hasta que sus dueños decidieron no acogerse a la Norma técnica sobre los servicios de producción nacional audiovisual, publicada por CONATEL el 22 de diciembre de 2009.
¿Por qué RCTV censuró algo tan trascendental, y en teoría, afín a los dueños de ese canal (un expresidente formó parte de la élite política que gobernó al país al que defendió, y defiende, Radio Caracas Televisión)?
Porque el presidente Luis Herrera Campins, según sus palabras: ‘Siguiendo lo establecido a nivel global por la Organización Mundial de la Salud’, prohibió, durante su gobierno, el negocio más lucrativo de aquella televisión: la publicidad de cigarrillos y licores, acción que fue respondida, por los entonces poderosos medios radioeléctricos, con una medida que haría retroceder a cualquier político, en un sistema electoral, cuya posibilidad de lograr el favor de los votantes depende de los medios de difusión (especialmente de la TV): la prohibición de salir en su pantalla, incluso, hasta el día de su fallecimiento.
Este dato histórico de la relación “TV-Políticos”, nos da la primera característica de la decisión del Estado venezolano, tomada por su jefe, el presidente Hugo Chávez, hace una década, de no renovar la concesión a una televisora: Una decisión valiente, dentro de un sistema democrático.
El siglo XX fue de tensión entre los gobiernos y RCTV, por cuanto, a partir de los setenta, esta televisora convirtió su capital de audiencia y credibilidad en un arma que buscaba tomar el poder político en Venezuela, desplazando a los partidos AD y COPEI, y esto lo lograba, precisamente, por el desinterés de la vieja política en aprender cómo administrar el poder, garantizando libertades, pero también sancionando a quienes violaran las leyes.
En la Cuarta República, salvo la ratificatoria por la antigua Corte Suprema de Justicia (hoy TSJ) de la sanción contra Radio Rochela, por violar ‘derechos del niño’, en un sketch donde una maestra apuntaba con una pistola a un niño, solo existieron decisiones sancionatorias del Ejecutivo (no había ni siquiera el consenso entre los, entonces, tres poderes de la nación, para tomarlas), entre las que se cuentan:
- La suspensión de las transmisiones de RCTV, en 1976, por tres días, por difundir “noticias falsas y tendenciosas”
- La suspensión por 34 horas, en 1980, por transmitir narraciones sensacionalistas, cuadros sombríos, y “relatos de hechos poco edificantes”
- Y una amonestación, en 1984, por ridiculizar “en forma humillante” al entonces presidente Luis Herrera Campins y su esposa.
La falta de marco jurídico, como mencionamos al principio, también daba impresión de discrecionalidad en el caso de los decretos Nº 849 y 996 (21 de noviembre de 1980 y 20 de marzo de 1981, respectivamente), que prohibían, por razones de salud pública, transmitir toda publicad comercial que indujera, directa o indirectamente, al consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y demás derivados del tabaco, a través de los medios audiovisuales. Ese mismo decreto fue marco para sanciones durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez a RCTV, Venevisión y Televen, por difundir publicidad disfrazada de cigarrillos y licores (24 horas de suspensión para estas televisoras).
El error de fondo se observa en todos los hechos anteriores, durante el siglo XX: La falta de capacidad de los políticos, principalmente para legislar sobre la televisión, y especialmente para saber comunicar a sus electores y electoras sus decisiones (el Estado venezolano nunca cuidó su política comunicacional, confiando siempre en la complicidad de la TV a ese sistema democrático, a la medida de las élites) le dejaban el camino abierto a RCTV para interpretar cada medida que los gobiernos tomaban contra sus abusos eran “violaciones a la libertad de expresión”. Esto ocurría por lo impreciso y discrecional de dichas medidas, ante la ausencia de un marco legal, que hoy existe, gracias a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
En la próxima parte veremos lo que se escondía detrás de los abusos que cometía RCTV contra Venezuela y sus instituciones de la época: Las aspiraciones políticas del grupo 1BC, un grupo económico que quería ser gobierno.
