Tras el asesinato del diputado Robert Serra y la supuesta vinculación con la detención de un implicado, la figura del periodista de sucesos tomó gran relevancia en las redes sociales. Y es que ante la inmediatez de los acontecimientos, estos comunicadores se han dado la tarea de informar de forma extraoficial la información que recogen, ganando cierta popularidad en las redes.
Pero, ¿tienen estos periodistas alguna responsabilidad ante la justicia venezolana por la divulgación de contenido que no sea oficial y que por ende, pueda generar zozobra en la población venezolana?
Según la Ley del Ejercicio Periodístico, en su artículo 9, «toda tervigersación o ausencia de veracidad en la información debe ser rectificada oportuna y eficientemente. El periodista estará obligado a rectificar y la empresa deberá dar cabida a tal rectificación o a la aclaratoria que formule el afectado». Mientras que el Código de Ética del Periodista Venezolano, indica en su artículo 12 que «las informaciones falsas deben ser rectificadas espontánea e inmediatamente.
De tal manera que, al menos que exista una injuria a una persona u organización, tal y como establece el COPP, el periodista, al publicar una información falsa, solo deberá rectificar el contenido de la misma, no habiendo mayores sanciones para el ejercicio periodístico.
Tal caso ocurrió recientemente con el caso Serra, luego que el periodista Wilmer Poleo asegurara que el director del Cicpc informara que el caso estaba ‘policialmente resuelto’. Una aseveración que el director del cuerpo policial desmintió y por lo que el periodista debió rectificar, tal y como hizo en sus redes sociales.
Comisario Sierralta, director del Cicpc, desmiente que él haya dicho, como informamos en ÚN, que caso de Serra estaba policialmente resuelto
— Willmer Poleo (@Willmerpoleo) octubre 10, 2014
Asumo mi responsabilidad en haber publicado que director del Cicpc declaró el caso de Serra «policialmente resuelto». Fue un error mio
— Willmer Poleo (@Willmerpoleo) octubre 10, 2014
Más allá de eso, virtualmente hablando, no debería existir ninguna otra sanción. Aunque hay casos documentados de periodistas venezolanos, algunos de ellos nombrados en este trabajo, que han sido llamados a declarar ante las autoridades venezolanas quiénes les han facilitado (Fuente extraoficial) algunas de las informaciones que han difundido en sus redes sociales, aún cuando la Ley del Ejercicio Periodístico Venezolano y el Código de Ética establecen la estricta reserva de la fuente, cuando esta lo exija.
Desde La Plaza/NCH