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¿Derogación de la Ley de Precios Justos? ¿Beneficioso o perjudicial?

Luego de conocer los resultados de las elecciones del 6D en las que 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional serán ocupados por representantes de la oposición venezolana, el parlamento se enfrenta a un cambio radical al orden que venía manejado durante el último periodo, en el que fue liderado por el sector oficialista.

Ante este panorama incierto, han surgido varias interrogantes  sobre la posible derogación de varias leyes, sobre todo las representativas y que se han convertido en una especie de bandera del Gobierno Nacional, principalmente por ser promulgadas por el fallecido presidente y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

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Una de estas normativas es la Ley de Costos y Precios Justos, puesta  en marcha el 22 de noviembre de 2011 y que desde entonces ha manejado una serie reformas y reajustes, siempre en miras de “asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional”, según el artículo 1 del mismo manuscrito legal.

La hipótesis de la posible derogación de esta ley toma fuerza  luego de las recientes declaraciones del presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, en las que expresó la “necesidad” de derogar la norma a fin de “poder activar la producción en el país”.

Es por ello que surge la interrogante ¿sería beneficioso o perjudicial para la población la anulación de esta ley?

En contra

Según César Ferrer Dupuy, superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la intensión de anulación significaría poner en peligro el empleo de los más 5 mil trabajadores de la Super Intendencia de Precios Justos (Sundde).

También pondría en jaque la fórmula de ganancia sobre bienes y servicios, que según la última reforma del pasado mes de octubre, establecía los márgenes de 20% para los importadores y 30% para los productores nacionales, cuyo objetivo es garantizar el poder adquisitivo de la población y evitar la especulación.

Asimismo, podría perderse la prohibición del el remarcaje de precios, que promovía la expedición justa de los bienes adquiridos con divisas otorgados por el Estado. Así como  el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos.

A favor

Sin embargo, está el otro lado de la moneda, que considera que la derogación de la ley contribuiría con la solución de uno de los principales problemas del país: El desabastecimiento.

Según lo dicho por el presidente de Fedecamaras, la normativa “genera efectos muy severos sobre la producción de bienes y servicios”, que según su criterio se traduce en anaqueles vacíos. Y que además “acaba con la necesaria rentabilidad de nuestros comercios”.

Por su parte, el economista Ronald Balza, insiste que más que eliminar la Ley de Precios Justos, parte de la solución radicará en el levantamiento del control cambiario de modo gradual, hecho que de por sí mismo anularía varios artículos de la normativa, como el número 5 que habla sobre la asignación de divisas.

Balza, en una columna de su autoría publicada en el portal Prodavinci, asegura  que “una discusión abierta dentro del nuevo Poder Legislativo debe crear un nuevo marco de acción para el poder Ejecutivo. En esta tarea debe predominar el objetivo de ganar estabilidad en un camino secuencial, ordenado, transparente y decidido hacia la eliminación de controles de precios y cambios, en un ambiente de prudente regulación de los derechos de propiedad”.

DesdeLaPlaza.com /ABD