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Imputan a 2.397 personas por presuntos delitos económicos en 2015

La directora general contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, Yurima Gil, informó que en lo que va del año 2015 han sido imputadas 2.397 personas que estarían incursas en delitos económicos. 

Gil indicó que durante estos primeros cinco meses del año han sido acusadas 871 personas, de las cuales 196 ya fueron condenadas, así lo dio a conocer durante el programa de radio “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV). 

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Además detalló que en el mismo período el Ministerio Público (MP) ha presentado acusación contra 1.802 personas y casi 500 han sido condenadas.

La servidora pública precisó que actualmente coordina un equipo conformado por 183 fiscales a escala nacional y 12 expertos, quienes trabajan con el propósito de articular con el Ejecutivo Nacional las medidas para la luchar contra el contrabando.

Explicó que el trabajo se realiza en conjunto con varias instituciones del Estado venezolano y se basa en la coordinación de experticias, inspecciones, allanamientos, así como todas las acciones que se derivan de una investigación penal, en este caso, atender la comisión de los delitos económicos señalados en la Ley Orgánica de Precios Justos.

Las personas que incurren en estos delitos, lo hacen a través de diferentes modalidades, por ejemplo aquel que revende un producto regulado, está haciendo un tipo de especulación para obtener una ganancia indebida, explicó la especialista.

Indicó que esto genera un impacto en los índices inflacionarios, el flujo de efectivo, afectando así diversas áreas de la economía.

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En ese sentido, señaló que el fiscal del MP puede solicitar ante los tribunales de control medidas de aseguramiento, consistentes en el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, prohibición de enajenar y gravar bienes, e incautaciones que permiten tomar los objetos y bienes que fueron utilizados para la comisión de delitos o que fueron producto de ellos.

Adicionalmente, la funcionaria explicó que luego de la incautación de alimentos perecederos acaparados o desviados, el MP solicita ante el respectivo tribunal de control la disposición anticipada de esa mercancía, es decir, la autorización para colocar esos productos a disposición de la población, a través de ventas supervisadas por la Superintendencia de Precios Justos.

Finalmente, indicó que si la incautación fue de un material reciclable, como chatarra o aluminio, el mismo se pone a disposición de una empresa del Estado, para la fabricación cabillas.

DesdeLaPlaza.com/PrensaMP/SEB