Ante el escándalo que ha desatado la casa de Angélica Rivera, evaluada en 7 millones de dólares —aproximadamente 86 millones de pesos—, aunque ella asegura que le costó 54 millones; tanto Enrique Peña Nieto como su gabinete han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales.
Sin embargo, según el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Peña Nieto tenía la obligación de reportar los bienes de su cónyuge, aclarando que son propiedades a nombre de ella, además de indicar cuándo fueron adquiridas y por qué monto, al igual que los bienes de sus “concubinas, concubinos, concubinarios o dependientes económicos directos (padres o hijos)”.
“Aquí hay la intención de ocultar una información, de que la Contraloría Federal o que la Auditoría Superior de la Federación no se enteren de los bienes de la esposa (…) Sí hay una violación a la ley, al espíritu de la ley, al tratar de ocultar deliberadamente información”, dijo el abogado Alfredo Ramírez .
Además, Ramírez destacó que la casa de Rivera fue construida por una empresa que era contratista en el Estado de México, gobernado en aquel entonces por el priista.
“El funcionario público puede decir: ‘no, yo no compré ninguna propiedad en mi gestión’, pero sus familiares compraron mansiones, tienen vehículos de lujo, lo cual puede representar un beneficio ilegítimo e ilegal de la función pública que tenía el servidor público”, explicó el también catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, comparando además la reciente situación con el caso del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Desde la Plaza/Revolución 3.0/AMH