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UFT: el decadente negocio de la educación universitaria

 “No es tan difícil hacer dinero cuando es sólo dinero lo que se pretende”.

Mr. Bernstein
Ciudadano Kane

“¡La sentencia es primero, el juicio vendrá después!”
La Reina de Corazones

Alicia en el país de las maravillas

La degeneración de la educación en algunas universidades privadas no es una situación nueva, pero sí es convenientemente ignorada por las empresas privadas dedicadas al negocio de la información: la cuestionable calidad educativa; los tristes salarios irrisorios asignados a docentes, personal administrativo y obrero; el aumento del costo del semestre; y los pensa de estudio desactualizados, incoherentes con la realidad en la calle. Todo es alarmante.

Existe un superávit en las Escuelas de Comunicación Social (ECS); todos los años éstas abren más vacantes costosas con una mínima o ninguna inversión, y es ésta la razón de la precariedad dentro de las aulas y laboratorios de las ECS de algunas universidades privadas, y ni hablar de sus nulas unidades de investigación, nunca citadas como fuentes de hallazgos científicos que aporten al desarrollo del país.

Y por si fuera poco, la crisis ética y moral se refleja en la práctica de la censura dentro de estas universidades. La no tolerancia del pensamiento crítico y autocrítico recrea pequeños regímenes totalitarios, dictatoriales y monárquicos sin rostros casi visibles que ordenan cortar cabeza, rabo y oreja a quien se atreva a hablar. Éste es el caso del joven periodista apureño, Héctor Ojeda, que hasta el pasado lunes 9 de noviembre se desempeñaba como docente de la ECS de la Universidad Fermín Toro (UFT) en Barquisimeto.

Sumo Inquisidor de la UFT

Quienes leyeron el libro o vieron la película Harry Potter y la orden del Fénix, recordarán que se creó el cargo Sumo Inquisidor en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería para despedir a docentes indeseables, castigar a estudiantes incómodos y ejercer control sobre las clases de magia -luego monótonas, aburridas y exclusivamente teóricas- con el fin de impedir que los estudiantes incrementaran sus habilidades prácticas y que no se sublevaran contra el sistema. Una situación similar ocurre dentro de las ECS de universidades como la UFT, donde pretenden que los estudiantes que inician como Superman, egresen como Clark Kent.

Héctor Ojeda no es un periodista complaciente, lo cual es admirable en este país visceralmente polarizado. Su amplia sonrisa delata que posee una personalidad difícil de ignorar; entre otras cosas, su avatar en las redes denota seguridad y responsabilidad, pero por mucho, es conocido por ser una persona frontal. Así lo dejó claro en el programa matutino Frente a Frente que condujo por un tiempo en una televisora regional, eso les da una idea de cómo se maneja en este negocio.

Egresado de la UFT, Ojeda trabaja por Bs. 45 la hora de docencia en la universidad donde ahora él forma a otros jóvenes por obvio amor a su oficio, porque esta mensualidad no le alcanza ni para desayunar en el cafetín. Esta universidad parece ser la mina de diamantes, y sus docentes y personal administrativo y obrero, los enanos explotados y harapientos del cuento de los hermanos Grimm. El deber de todo trabajador de la UFT es matar cuanto tigre se atraviese para poder vivir dignamente.

Diosmary Marrón es docente de ingeniería y secretaria de reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Fermín Toro (SUTRAUFT), organización que ha asumido el caso para sentar un precedente por tantos años de abuso. Marrón explicó: “el pasado jueves 05/11/15 el periodista Héctor Ojeda expuso el funcionamiento deficiente de la universidad a través de un programa radial que conduce, acompañado en esa oportunidad por un grupo de estudiantes de comunicación y de trabajadores de SUTRAUFT. Éste fue el inicio del acoso laboral y la censura de la cual es víctima el periodista”.

Ya que la censura practicada la UFT es omnipresente, luego de una publicación que realizara Héctor Ojeda en su cuenta de Instagram, las autoridades le notificaron una amonestación por, según ellos, “atentar a la moral y buenas costumbres de la universidad”; la segunda amonestación fundamentó “el uso de las redes para malponer a la universidad ante la opinión pública”; y la tercera amonestación que provocó la suspensión, argumentó “violencia de género” a causa de un emoji –emoticón de las redes- que les pareció una ofensa contra la mujer.

El pasado viernes 13/11/15 a las 9:00 a.m. tanto SUTRAUFT como el periodista Héctor Ojeda y un grupo de estudiantes indignados se quedaron esperando; el ciudadano Pedro Briceño, vicerrector  académico de la UFT no asistió a una reunión pautada en la Defensoría del Pueblo-Lara para establecer un diálogo entre las partes involucradas. Marrón recordó que esta conducta de las autoridades universitarias no es nueva: “siempre juegan al desgaste”.

“Para SUTRAUFT la suspensión de Héctor Ojeda es un despido injustificado que viola todos los mecanismos de la Inspectoría del Trabajo, pero además, no tienen razones legales para hacerlo”, declaró la docente Diosmary Marrón.

No puede ser que para tu poder ejercer tu libre opinión en tus propias redes sociales, antes tengas que pedirle permiso a la universidad”, sentenció Marrón y acotó, además, que recientemente la UFT emitió unas normas de funcionamiento interno que se traducen en una especie de toque de queda interno en la universidad.

El Ministerio de Autocensura

“Se hizo la denuncia en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Lara en compañía de la profesora y periodista Yesenia Izarra, quien también forma parte del SUTRAUFT, pero hasta el momento el CNP no se ha pronunciado; es bastante lamentable porque el gremio que debería defender y ser garante de la libertad de expresión, hace silencio”.

Mientras el CNP ignoró el caso de Ojeda y, así mismo, la democracia, la libertad de expresión, la ética profesional, la responsabilidad y el derecho a la información acuñados en sus “valores”, un grupo de estudiantes sí asistió a la primera cita en la Defensoría del Pueblo-Lara no sólo para apoyar al docente y periodista, sino también para exponer cómo ellos han sido víctima de maltratos en la UFT.

Según el timeline de su cuenta Twitter, el domingo a las 20:45 compartió en las redes sociales el artículo de opinión titulado ¿Cuánto cuesta dar clases en Venezuela?, publicado el pasado jueves 05/11/15 por el también periodista egresado en 2011 de la Universidad Yacambú y profesor de la UFT, Joale Aristimuño, quien describe detalladamente cómo la relación salarial con la UFT es un intercambio de trabajo intelectual, académico y docente por deuda.

Como lima nueva, estos jóvenes están hambrientos y no pelan una oportunidad para sacarle el jugo a su pasión por el periodismo, del que viven matando serios tigres independientes desde jojoticos; ellos no saben lo que es un “bozal de arepa”. Aún así, esto no parece ser punto de honor para el CNP ni digno de un mínimo de defensa o apoyo.

¿Quién daña realmente la reputación de la UFT?

La UFT es una de las instituciones privadas más grandes del centro-occidente de Venezuela y cuenta con un torniquete en cada entrada hacia las aulas para garantizar, mediante chequeo biométrico, la entrada exclusiva de quienes estén solventes con la mensualidad.

Ésta pertenece al imperio universitario llamado Complejo Educativo Antonio José de Sucre, al que también están adscritos el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y el Instituto Universitario de Tecnología Coronel Agustín Codazzi, fundados por el difunto “Zar de la Educación”, Raúl Quero Silva.

Quero Silva, fallecido en 2011, heredó a su viuda, Neyda Lisbeth Freites, mejor conocida en el mundo de la música como “Liz”, una fortuna constituida por 33 universidades privadas distribuidas en varias ciudades del país “y otros negocios que generan empleo a unos 13 mil trabajadores”, según lo publicado por el diario El Impulso el 21 de noviembre de 2012, en semblanza realizada a la cantante.

Uno de los conflictos laborales más graves de la UFT ocurrió en el año 2006, cuando hubo un paro laboral durante dos meses por la violación de los derechos laborales mínimos contemplados en la Ley Orgánica de Trabajo vigente para la fecha. La hora de docencia a la sazón era pagada a Bs. 5.

Los trabajadores  reclamaban a las autoridades de la universidad derechos fundamentales: aumento y pago puntual de sueldo, pago de bono de alimentación, cumplimiento de sus obligaciones como patrono con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pago del horario nocturno, entre otros, a través de un contrato colectivo. La respuesta de la UFT en su momento es que no poseían los recursos necesarios para garantizar estos derechos.

La evasiva de la UFT prolongó el paro de trabajadores y atizó los ánimos de los estudiantes, quienes se enfrentaron a la Policía del estado Lara en marzo de 2006 cuando estos intentaban ayudar a las autoridades universitarias a escabullirse de las oficinas en la sede de Cabudare.

Como siempre, en un intento de limpiar su reputación públicamente, el entonces asesor jurídico de la UFT, Domingo Rodríguez Alvarado, responsabilizó ante los medios de comunicación a SUTRAUFT por los hechos violentos y los daños materiales causados en medio del intento de los estudiantes de encarar a las autoridades universitarias.

Trabajadoras y trabajadores visitaron las oficinas del Ministerio de Trabajo en Caracas; los comentarios de pasillo les llegaron a advertir: “es que ustedes no saben con quién se metieron, él es el ‘Zar de la educación privada en este país’. Tanto dio de qué hablar el paro de 2006 que el mismo presidente Hugo Chávez hizo un llamado de atención a las autoridades universitarias para que resolvieran el conflicto laboral o de lo contrario se estatizaría la universidad.

CLEL mete la mano por Ojeda

Simultáneamente, el pasado viernes 13 de noviembre, el Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL), nombró al diputado Raimundo Vale como encargado de proponer la moción de urgencia por el despido injustificado del periodista Héctor Ojeda. La comisión encargada visitará en los próximos días la sede de la UFT en caso de que la institución se niegue a apegarse a las leyes.

La segunda audiencia en la Defensoría del Pueblo-Lara está pautada para el día 23/11/15 a las 9:00 a.m. Mientras tanto SUTRAUFT acudirá a todas las instancias de trabajo correspondiente para agotar las vías constitucionales y hallar una resolución justa sobre el caso del joven periodista y docente.

No extraña, entonces, que esta universidad privada con nombre de mantuano del Partido Conservador que inauguró en 1830 la IV República, se maneje más como una mina de oro colonial, que como una institución “para los valores humanos”, según reza el lema de la institución.

DesdeLaPlaza.com / Kaybeliz López Torres