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Despenalización del aborto: Alternativa para la reducción de la mortalidad materna

El pasado 20 de junio se realizó en Caracas, capital de Venezuela, una concentración frente a la Asamblea Nacional Constituyente bajo el lema “Legislemos sobre los derechos sexuales y reproductivos” donde se abordó la despenalización

 

La aprobación de la legalización del aborto por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación de Argentina, con 129 votos a favor y 125 en contra, ha puesto en la palestra de la opinión pública latinoamericana y mundial, el debate sobre esta práctica que consiste en la interrupción y finalización prematura del embarazo.

Las opiniones encontradas han encendido los medios de comunicación convencionales, las redes sociales y las calles, trascendiendo fronteras y paredes. Algunas proyecciones apuntan a que la decisión tomada por el congreso argentino, la cual pasó al senado para su completa aprobación, conlleve a otras naciones del hemisferio sur a contemplar la legalización de esta práctica.

Incluso el papa Francisco, pontífice argentino, se pronunció y comparó el aborto con las prácticas nazis para purificar la raza, argumentando que los hijos deben ser aceptados como Dios los envía y que no deben ser rechazados, basando su argumento en los exámenes que se practican las gestantes en los primeros meses de vida para ver si el bebé está bien o presenta algún problema.

Pero esta práctica, especialmente en Latinoamérica, no solo se fundamenta en el aborto terapéutico, que es cuando el mismo se realiza por razones médicas. También existe el aborto por decisión personal, que es cuando se realiza por petición de la mujer embarazada, ya sea porque la misma fue víctima de violencia sexual o porque simplemente no se encuentra en la capacidad de dar a luz y criar a un bebé, ya sea por razones socioeconómicas, de edad o convicción.

Una de las principales causas de muerte

Según un informe del 2012 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 97% de los abortos en África y 95% en América Latina son considerados inseguros. Entre el 2010 y el 2014, se practicaron unos 6,5 millones abortos por año en Latinoamérica, mientras que en el periodo 1990-1994, el número había sido 4,4 millones.

Un estudio realizado en 2012, publicado por el International Journal of Obstetrics & Gynaecology, arrojó que anualmente, cerca de 760,000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones de abortos inseguros. En 2014, al menos 10% del total de muertes maternas (o 900 muertes) en América Latina y el Caribe se debieron a abortos inseguros, convirtiendo esta práctica clandestina en un problema de salud pública.

Esta es una de las cuatro causas principales de muerte materna en el mundo. Unos 21,6 millones de mujeres experimentan abortos inseguros cada año, 18,5 millones en países en desarrollo. El 13 por ciento acaba en la muerte de la madre.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que cada año se realizan alrededor de 210 millones de abortos, de los cuales casi un 50 por ciento se efectúan de forma clandestina e ilegal, cuyo resultado de muerte (evitable) es alrededor de 70.000 mujeres al año, con un porcentaje del 10 al 50 por ciento de complicaciones del total.

Las complicaciones más comunes del aborto inseguro son el aborto incompleto, la pérdida excesiva de sangre y la infección.

Efectos de la penalización

En América Latina (el continente con mayor número de abortos en el mundo) y África (donde es ilegal en la mayoría de los países), la proporción de mujeres que abortan es más alta que en Europa Occidental, donde está permitido. De cada mil mujeres en edad reproductiva, 32 abortan en América Latina, 29 en África y 12 en Europa Occidental. Pero si las restricciones y penalizaciones no afectan al número, si lo hacen en sus condiciones: la penalización obliga a las mujeres a buscar abortos clandestinos y peligrosos para su salud.

Las 47.000 mujeres fallecidas anualmente y las cinco millones que sufren lesiones graves visibilizan el impacto estas leyes penales que restringen un derecho y son causa de muertes evitables, de morbilidad y mala salud (incluida la salud mental, ya que las mujeres corren el riesgo de acabar en penas de prisión).

La prohibición de abortar, además, no ha hecho disminuir estas intervenciones. Sólo ha conducido a las mujeres a recurrir a métodos clandestinos e inseguros, como concluyen dos estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher publicados en la revista especializada The Lancet en 2012 y 2017. Y son casi siempre las mujeres más pobres las que se ven afectadas por el veto.

Las ricas salen del país para abortar, las pobres recurren al aborto clandestino o se ven obligadas a seguir adelante con el embarazo”, denuncia la activista Cari Gaviria. Su país, Nicaragua, prohibió el aborto totalmente en 2006; una vuelta atrás que las organizaciones de derechos humanos consideran dramática.

Internet y las redes sociales han facilitado el acceso al aborto farmacológico a muchas, aunque sea adquirido en el mercado negro. También al asesoramiento de organizaciones especializadas a través de la Red. Sin embargo, en las zonas rurales y las mujeres con menos recursos se ven empujadas a usar métodos peligrosísimos, como introducirse una sonda en la vagina, o ácido; o a ingerir medicamentos o preparados en casa fuera de cualquier control.

En los países donde el aborto está restringido o totalmente prohibido, el acceso a los anticonceptivos modernos no es sencillo o incluso está limitado. Tanto, que alrededor de 24 millones de mujeres en edad reproductiva en América Latina y el y el Caribe tienen una necesidad insatisfecha de contracepción moderna (aquella no basada en métodos considerados naturales o tradicionales), según cálculos de la ONU con datos de 2017.

Sin embargo, el Instituto Guttmacher también advierte que las reformas legales en los países no son suficientes para garantizar el acceso a un aborto seguro, “por lo que es necesario  aumentar la voluntad política, incrementar las acciones de vigilancia, capacitar a más profesionales de la salud y trabajar para eliminar el estigma que persiste sobre las mujeres que abortan, y así prevenir retrocesos frente a este derecho”.

Condiciones de los países en Latinoamérica

En Antigua y Barbuda, Brasil, Dominica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela y Bolivia el aborto está prohibido, pero se permite para salvar la vida de la mujer en caso de riesgo o violación. Colombia, Perú y Argentina tienen una política más liberal.

En El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam, está completamente prohibido, mientras que en Cuba, Guyana, Guyana francesa, México y Puerto Rico el aborto es legal y no tiene restricciones. En el caso de Uruguay, esta práctica es legal dentro de las 12 primeras semanas de embarazo.

Recientemente, en Chile se aprobó el aborto pero sólo bajo 3 causales: riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal o violación.

Las voces de las clandestinas

A la dominicana Rosaura Almonte le diagnosticaron leucemia cuando estaba embarazada de siete semanas. Los médicos se negaron a tratarla porque los fármacos ponían en peligro la vida del feto. Murió a los 16 años.

A los 19, Ida quedó encinta tras las violaciones constantes de un familiar. Las autoridades nicaragüenses le impidieron abortar, y la joven, con discapacidad intelectual, se vio forzada a dar a luz. 

Teodora cumplió casi 11 años de cárcel en un penal de El Salvador, condenada tras sufrir un aborto espontáneo en el baño de la escuela donde trabajaba. Y sus casos se repiten constantemente en América Latina, una región en la que se concentran los países con algunas de las legislaciones más severas del mundo en materia de derechos reproductivos. 

Ana y Aurora, se les impidió abortar pese a estar embarazadas de fetos con anomalías incompatibles con la vida y alegar riesgo para su salud física y mental. Ambas han denunciado a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aguardan sentencia o un acuerdo.

Esa institución ya ha condenado a otros países por situaciones similares. Como a Perú, que no solo obligó a una joven de 17 años encinta a seguir con el embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro) sino que también la forzó a lactar los cuatro días que permaneció con vida tras el parto. La chica, conocida como K. L. aún hoy arrastra las consecuencias de lo que vivió.

Estas son historias de vida relatadas por El País, sobre algunas mujeres a las que no se les permitió abortar aun cuando el embarazo ponía en riesgo su salud mental y física. Son testimonios que invitan a los legisladores alrededor del mundo a estudiar y plantearse la despenalización de esta práctica que no se realiza solo por el capricho de la mujer que no desea ser madre, sino por su salud y por los derechos que tiene sobre su propio cuerpo.

La despenalización del aborto y el derecho a obtener información sobre esta práctica, disminuye el riesgo de muerte, ya que le permite a la mujer acceder de forma segura a la interrupción del embarazo.

DesdeLaPlaza.com/Agencias/Sajary Lozada