El diario colombiano «El Espectador» publica una curiosa noticia, por usar un eufemismo, donde las cifras bailan de manera descontrolada, en lo que se refiere a las denuncias que han recibido instituciones colombianas, de parte de los ciudadanos colombianos que han sido deportados del territorio venezolano.
Según este diario, «el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora aseguró que la entidad ha recibido 1.242 quejas de colombianos que han sido deportados o que se han devuelto voluntariamente al país, por abusos de autoridad de la Guardia Venezolana». No señala el tipo o la naturaleza de los abusos. No se sabe si son físicos, no se sabe si son verbales, no se sabe si son contra la propiedad, no se sabe si son contra las dignidad de las personas. Lo deja en «abusos de la autoridad de la Guardia Venezolana».
Esto resulta muy curioso, puesto que al tratarse de una gestión de restitución de derechos humanos, que se materializa en una queja o denuncia de los agravados, y siendo que la propia defensoría, y el diario El Espectador califican la situación de «drama humanitario», ¿por qué no tipifican o listan los abusos cometidos?
Lea también: José Vielma Mora «se garantizan los derechos de los deportados»
Sin embargo, más adelante, el diario afirma que «de las denuncias recibidas, cuatro están relacionadas a actos sexuales diversos, por lo que la Defensoría intenta corroborar la veracidad de las acusaciones, debido a que la mayoría de las denuncias hacen referencia a exceso de las funciones de la Guardia Venezolana».
Esta afirmación del diario, confirma que la Defensoría y el propio diario poseen la información completa de la denuncia, ¿por qué no describen la naturaleza del resto de los abusos? Incluso es sano para la propia gestión de defensa, pues si la situación es como la plantean la Defensoría y El Espectador, el drama humanitario no es tal.
Si la cifra que aporta la propia Defensoría es real, y no tenemos por qué dudar, se han recibido 1242 quejas – no es lo mismo una queja que una denuncia- y de esas 1242, sólo 4 son admitidas por la propia Defensoría Colombiana como denuncias.
Sin duda, un solo caso, ya es lo suficientemente grave y requiere el compromiso de las autoridades de ambos países para aclarar la situación, enmendar el agravio, resarcir a las víctimas, y pedir perdón, pero ¿qué baremos usa el diario El Espectador para medir un drama humanitario, porque si 4 denuncias por abuso sexual son un drama humanitario, cómo califica el mismo diario la atrocidad cometida por los militares estadounidenses, que con el respaldo del gobierno colombiano, siguen en ese territorio?
¿Son dramas humanitarios ambos?, ¿es lo mismo un país soberano quiera defender su territorio y a sus ciudadanos, y en uso de ese derecho expulse del territorio a las personas que están en situación irregular, que un país que entrega su soberanía a soldados extranjeros, a cualquier precio, incluso si el precio es el abuso y la humillación de niñas colombianas?
¿Son los ciudadanos colombianos responsabilidad del presidente Santos o del presidente Maduro?, ¿por qué la solidaridad que demandan de Venezuela, siempre es mayor y amerita más sacrificios que la que Venezuela demanda de Colombia?
¿Hay alguna gestión paralela que se pueda acreditar al gobierno colombiano, de cualquier período, que se parezca en algo a las gestiones por la paz en Colombia que ha hecho el gobierno venezolano?
Lea también: 1.188 colombianos han sido deportados tras cierre de frontera
En la misma noticia dice «así mismos, el defensor del Pueblo aseguró que se investiga la presencia de falsos deportados que estarían detrás de las ayudas. “No queremos que esto se preste para un escenario de abuso”, afirmó Otálora.»
Muy bien por la Defensoría colombiana, tal vez así entiendan un poco mejor las decisiones tomadas por el gobierno venezolano, porque así como hay falsos deportados a los que ellos van a combatir, de este lado de la frontera había también muchos estafadores, y delincuentes, admitido incluso por la Canciller. ¿Por qué la Defensoría de Colombia tiene el derecho de defender su territorio y luchar contra mafías e inmorales, y la Defensoría venezolana no?
Señala El Espectador que «de acuerdo con la entidad, hasta el momento hay más de mil niños que han sido víctimas de ruptura familiar, debido a que alguno de sus familiares debió quedarse en alguno de los dos países, o porque han sido separados de sus hermanos, por lo que la entidad intenta lograr mediaciones para solucionar el tema.» ¿Y cuántos niños en total hay en esa condición en Colombia por el conflicto?, no sólo porque se han debido separar de sus familiares, sino por sus padres, sus madres, fueron ejecutados por los grupos irregulares.
Cierra el artículo de El Espectador con broche de oro diciendo «por su parte la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres informó que hasta el momento 1.097 colombianos han sido deportados de Venezuela, mientras que 7.162 lo han hecho voluntariamente por el temor de también ser expulsados del vecino país», según esto, dos instituciones colombianas, en medio de una crisis humanitaria – calificada así por ellos- no tienen un acuerdo ni siquiera en la cifra de deportados, y el remate final de las inconsistencia lo aporta la cifra de 7.162 personas que se fueron voluntariamente «por temor a ser expulsados». No se puede expulsar de Venezuela a ningún ser humano que esté en situación regular, la pregunta es entonces, ¿estaban en condición regular o irregular esas 7162 personas?, ¿el temor es sólo a ser expulsados?
Los medios tendrían que estar al servicio de las víctimas de una crisis humanitaria. No es serio, y tampoco es ético que usar a las víctimas en una estrategia mediática. Noticias como esta, lejos de ayudar a las personas que puedan haber sido victimas de abuso, las dejan con pocas oportunidades de justicia, porque la peste a estrategia mediática para seguir atacando al gobierno venezolano, llegue a lo largo y ancho de todas las fronteras, y las rebasa.
DesdeLaPlaza.com/El Espectador.co/AMH