Venezuela es un país presidencialista. No solo porque así lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), sino porque culturalmente lo practicamos y vivimos así. Sin embargo, si vemos nuestra historia reciente, podemos encontrar dos capítulos en los que la figura del Fiscal General de la República (FGR) ha jugado un papel crucial en la historia política.
El primero fue el de Ramón Escovar Salom, quien fue FGR entre 1989 y 1994. Luego de una denuncia presentada por José Vicente Rangel en torno a la malversación de 250 millones de bolívares (250 mil bolívares en la actualidad), Escovar Salom inició ese año el proceso de antejuicio de mérito al Presidente Carlos Andrés Pérez y el 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia lo declaró con lugar. Hasta ese año gobernó Pérez, quien tuvo que separarse de su cargo al estar envuelto en la malversación de esos fondos.
El segundo capítulo lo protagonizó Isaías Rodríguez, quien era Fiscal General en el año 2002. Rodríguez jugó un papel crucial durante los días del golpe de Estado que concretó la oposición el 11 de abril de ese año. Los medios de comunicación privados, que se plegaron al golpe, fueron convocados por el Fiscal General de la República el viernes 12 de abril, esperando seguramente que confirmara la supuesta renuncia de Chávez. Sin embargo, el Fiscal sorprendió y en vivo y directo denunció ante el mundo que lo que ocurría en el país era un golpe de Estado. Acto seguido los medios de comunicación lo sacaron del aire, pero ya había logrado pronunciarse.
«Los hechos en Venezuela violan el protocolo de Washington y la Carta Democrática Interamericana. No hay ninguna duda de que se ha violentado totalmente el estado constitucional y de que estamos ante una situación que no se puede calificar sino de golpe de Estado», declaró Isaías Rodríguez
En ambos casos, dejando distinciones políticas aparte, la actuación de cada Fiscal puso en movimiento hechos históricos. Y si vemos actualmente el comportamiento de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, ¿cuál es el papel que está jugando? ¿A quiénes favorecen y a quiénes perjudican sus declaraciones? ¿Podemos decir que está clara su postura? ¿Cómo la veremos en la historia dentro de unos años?
La Fiscal General en 4 momentos
El viernes 31 de marzo, Luisa Ortega Díaz hizo un pronunciamiento que causó sorpresa entre propios y extraños: afirmó que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) representaron una ruptura en el orden constitucional.
“Las recientes decisiones signadas con los número 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional“, pronunció la FGR
Las protestas opositoras, que habían sido convocadas a raíz de estas sentencias, empezaron a arreciar y sirvió como base para que la oposición se aferrara a su argumento de que “lucha contra una dictadura”. Sin embargo, luego el mismo TSJ rectificaría las sentencias tras una reunión entre los poderes ejecutivo, ciudadano y judicial.
Un mes después de protestas opositoras y una notoria escalada de violencia, Ortega Díaz lanzó más leña al fuego: declaró que no se puede esperar que los manifestantes no actúen con violencia si el Estado tampoco actúa de acuerdo a la ley. Ya para ese momento había más de 30 muertos en circunstancias relacionadas a las protestas. A principios de mayo ya la cifra llega a 50. ¿Cuál fue la motivación para darle aliento “legal” a la violencia opositora?
“No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”
Estas declaraciones se desprenden de una entrevista que ofreció al periódico estadounidense Wall Street Journal. Ahí también agregó que “la Constitución del 99 es inmejorable”, haciendo clara alusión a la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente que hizo el Presidente Maduro el 1 de mayo.
A partir de esa convocatoria diversos sectores del país nacional se han reunido con la Comisión Presidencial designada para recoger las propuestas para la ANC. Sin embargo, la reunión con el Poder Moral se retrasó 2 semanas por la negativa de Ortega Díaz de asistir y avalar la ANC.
El 19 de mayo, en redes sociales supuestamente se filtró una carta de fecha 17 de mayo, que envió la Fiscal General a Elías Jaua, presidente de dicha comisión. En esa misiva ella explica las razones por las cuales no asistiría al debate. Jaua acotó que este texto no fue filtrado desde su despacho, aunque no señaló directamente a más nadie.
“Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente, ni conveniente, llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”
Finalmente el 24 de mayo, tras una convocatoria de última hora, la Fiscal General ofreció una rueda de prensa en la que ofreció datos concretos sobre el balance mortal de las manifestaciones opositoras y en la que se le vio llegar con una bolsa de papel.
Luego de cerrar con la primera parte informativa de su intervención, Ortega Díaz procedió a referirse al caso del asesinato de Juan Carlos Pernalete el pasado 25 de abril en las inmediaciones de Altamira. Para resumir su intervención, aseguró que el estudiante murió tras el impacto de una bomba lacrimógena, acto seguido de sacar una de la bolsa que traía consigo. Esta declaración ocurre en medio de un nuevo llamado a protestas aun cuando el CNE ya había convocado a elecciones tanto regionales como para la Asamblea Nacional Constituyente, ambas este mismo 2017.
Con esta declaración, también, la Fiscal deja en entredicho la primera versión ofrecida por el Ministro Reverol, quien informó que Pernalete habría muerto por el impacto de una pistola de perno cautivo, aun cuando el mismo Ministerio Público participó en esa primera investigación.
Sobre la intervención de la Fiscal, aún por analizar y conocer detalles concretos, vale resaltar momentos de duda en su lenguaje corporal y pausas incómodas luego de que fue interpelada por los periodistas asistentes a la rueda de prensa: primero para preguntar si ese objeto que mostró era una bomba lacrimógena, pues no lo especificó; y segundo, cuando le preguntaron si la habría disparado la Guardia Nacional Bolivariana.
“Es letal disparar (una bomba lacrimógena) directamente a la persona, puede producir la muerte (…) Sabemos cuál fue el grupo (GN) pero no la persona que disparó”, dijo.
La Fiscal General ante la historia
Luisa Ortega Díaz ha hecho cuatro declaraciones que mediática y políticamente la oposición ha utilizado a su favor y sobre las cuáles se ha apoyado para mantenerse en protesta (y no hacerse responsable de la violencia de su lado): denunciar como ruptura del orden constitucional las sentencias del TSJ; justificar la violencia de la oposición en sus protestas; cuestionar a la ANC como medio para dirimir el conflicto político y la afirmación de que Pernalete fue asesinado por la GNB.
Ahora, ¿esas declaraciones han servido para allanar un camino hacia el diálogo entre el gobierno y la oposición?
Si, en efecto, la Fiscal General de la República se opone abiertamente al gobierno en este momento, ¿ha fungido como vocera de la oposición ante el Presidente Maduro o ante la Comisión Presidencial para la Constituyente?
Si la Fiscal General de la República condena cualquier actuación violenta y/o desproporcionada de los cuerpos de seguridad, ¿por qué no hace lo mismo sobre las actuaciones violentas y desproporcionadas en las manifestaciones opositoras?
Aún los hechos están en desarrollo, pero ¿cuál es el papel de la Fiscal General de la República, en 2017, ante el conflicto político que vivimos?
El Ministerio Público designa fiscales y se pronuncia con llamativa rapidez cada vez que ha sido asesinado un manifestante en medios de las protestas opositoras o cuando algún cuerpo de seguridad se ha excedido en su actuación ante la protesta, y ese es su papel. Sin embargo, no encontramos pronunciamientos similares ante casos como el asesinato de Almelina Carrillo o los de Carlos Ramírez y Orlando Figueroa, quemados por manifestantes opositores. Tampoco las agresiones a instalaciones públicas, escuelas, centros de salud como las maternidades de El Valle y Carrizal. Menos cuando a Leonardo Liconte le quemaron su autobús y lo agredieron en Altamira.
¿En esos casos no ha habido violaciones de derechos humanos? ¿No ha habido delito? ¿No hay condena?
La derecha no perdona
Luego de 50 días de protesta la oposición resalta como uno de los principales logros de sus protestas el lograr que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se “desmarcara” de la Revolución Bolivariana. Muchos dirigentes y analistas la han felicitado por sus declaraciones y ahora la alaban.
La periodista Patricia Poleo, desde su programa en Miami, afirmó que “todo funcionario público, incluso una secretaria, ha sido cómplice de este gobierno y ninguno debe ser perdonado”. Un sector de la oposición reproduce ese discurso día a día hacia Luisa Ortega Díaz.
La fiscal Luisa Ortega Diaz no merece el perdón, ella apoyo a Chavez en su momento y se dio cuenta que la cago, ¿ahora quiere reivindicarse?
— Leo Hernández. ?? (@97Tiroloco) May 19, 2017
Solo cabe reiterar la interrogante, ante el ambiguo comportamiento reciente de Ortega Díaz: ¿cómo será recordada la Fiscal General de la República ante la historia?
DesdeLaPlaza.com/Simón Herrera Venegas